martes, 4 de noviembre de 2008

A guerra d'o lupo



Público, 17/02/08

La especie sortea batallas interminables entre ecologistas, cazadores y ganaderos, y sigue expandiéndose


No hay mes sin que arrecie el fuego cruzado sobre el lobo. La enésima ha sido esta semana en Cangas del Narcea, Asturias. Diez colectivos ecologistas han alertado de la creciente presión del sector ganadero y cinegético sobre el Gobierno del Principado para que permita la caza del carnívoro. Estas organizaciones temen que, a fuerza de insistir, los antilobo consigan modificar la trayectoria de una autonomía que ha sido pionera en protegerlo. Reconocen que se trata de una presión cíclica y que se recrudece cada vez que hay elecciones.
Porque el lobo, aunque no lo parezca, es un animal político. Da votos en la ciudad, y los quita en el campo. “Saber gestionar su presencia con éxito es hacer encaje de bolillos” ilustra Juan Carlos Blanco, quien junto a Yolanda Cortés realizó el primer trabajo publicado en España sobre el conflicto social del lobo (2002). Blanco y Cortés entrevistaron a los distintos sectores y segmentos de la población cántabra y concluyeron que “el lobo representa símbolos opuestos para grupos sociales diferentes y saca relucir tensiones esenciales en la sociedad contemporánea. Es una Torre de Babel.
Luis Llaneza, biólogo consultor para Asturias y Galicia, se suma al razonamiento y tiene claro que “las consideraciones sociológicas son tan importantes como la ecológicas y biológicas a la hora de tomar decisiones. Porque a veces el problema es cómo capear el temporal cuando las presiones vienen de tantas partes”.
Pero, la clave de este argumentario son los daños a la ganadería, inevitables cuando ovejas y vacas conviven con el lobo en el mismo escenario. Todos los actores del drama salvo los propios ganaderos reconocen que la magnitud económica total del problema no es equiparable al conflicto social que genera. Las parroquias más castigadas en Asturias alcanzarían al 15% de la cabaña afectada, y lo normal es que no llegue al 2%. Pero el impacto emocional de los ataques, y la intensidad de los daños que suelen cebarse con una sola propiedad, disparan la animadversión hacia el predador, que no pocas veces ha acabado traduciéndose en furtivismo y venenos.
“Pieza fundamental para guiar esa difícil gestión —concluye Llaneza— son los planes autonómicos asentados en sólidos criterios científicos”. Asturias fue la primera en aprobar el suyo en 2002, antes incluso de que se creara la Estrategia Nacional en 2005, herramienta que también recomienda al resto de comunidades con presencia de lobo redactar sus respectivos planes. Se espera que Galicia y Castilla y León lo hagan este mismo año.
No obstante, la lupa está puesta en Castilla y León, porque es la única que además está obligada por la legislación europea a proteger parte de su población de lobos: la de más reciente expansión, ubicada al sur del Duero. Lo que no está claro es que esta protección implique la exclusión de su aprovechamiento cinegético. Entre sus objetivos el texto autonómico especifica la ordenación de la caza de la especie. Mario Sáenz de Buruaga, director de Consultora de Recursos Naturales S.L. y asesor de la Junta en este tema, explica: “Al sur del Duero el lobo seguirá, en tanto no cambie la normativa europea, protegido, y por lo tanto no se realizará aprovechamiento cinegético sobre esta especie”. Pero matiza: “Sí se podrán realizar controles de población en respuesta a daños a la ganadería en los que se pueda utilizar la herramienta de la caza. Por otro lado, se encuentran contemplados unos cupos de captura por caza en el caso de que la directiva sea modificada y el lobo pueda ser considerado especie de caza al sur de dicho río”.
Para Luis Mariano Barrientos, de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, la valoración del plan es negativa. “Es claro —señala— que de su contenido emana el control cinegético de la especie. Permite cuadruplicar las capturas legales actuales hasta 200 ejemplares al año, e incluye a las manadas al sur del Duero dentro de la zona de mayor aprovechamiento cinegético, en la que se permitirán extracciones de hasta el 30% de los ejemplares de una manada, casi el límite para poner en peligro su supervivencia”.Barrientos, que fue testigo de una matanza ilegal de lobos en noviembre en Valladolid, señala que no hay que olvidar que la mitad de las muertes de lobo en Castilla y León, unas 300 al año, se deben al furtivismo. Una cifra que contrasta con las 13 denuncias interpuestas por la administración por este motivo desde 1993.

Un caso único en Europa

Cuando España se adhirió a la UE a mediados de los 80, ésta preparaba ya la Directiva Hábitats, en la que se contemplaba una estricta protección para los lobos. Era comprensible, porque la mayoría de los países de aquella reducida UE tenían pocos ejemplares. La llegada de España y Grecia planteó un cambio. En 1988, el primer censo nacional en España arrojaba una población de unos 1.500 ejemplares extendidos por 100.000 km2, y con esas cifras el Gobierno español se negó a aceptar una protección absoluta. En Grecia se producía una situación semejante.
Las negociaciones fueron duras, y en ellas también participaron los ecologistas que resaltaban la situación precaria de las poblaciones de Sierra de Gata, Sierra de San Pedro y Sierra Morena (de las dos primeras el lobo desapareció posteriormente).
La CE adoptó una decisión salomónica: el lobo se podría cazar al norte del Duero en España, y al norte del paralelo 39 en Grecia. Al sur de estas fronteras estaría protegido.
A finales de los 90, se corroboró la expansión del lobo hacia el sur. El gran superviviente había logrado atravesar el río y conseguía salir adelante. Castilla y León, con las competencias ya transferidas, se plantó en Bruselas a exigir el fin de la protección. Y la UE volvió a sacar a Salomón: podría emplearse la caza como método de control para reducir daños, pero los lobos sureños seguirían bajo la tutela de Bruselas.


El caso de las poblaciones andaluzas

Se calcula que, actualmente, hay unos 2.000 lobos en España, que ocupan unos 120.000 km2 en el cuadrante noroccidental de la Península. Pero además, en Sierra Morena (Jaén y Córdoba) resiste una población residual en serio peligro de extinción, formada por 5 o 10 manadas.
A pesar de su estricta protección y de encontrarse en un hábitat de excelente calidad, con altísimas densidades de ciervos, los lobos de Sierra Morena no muestran signos claros de recuperación.
Los especialistas consultados consideran que estos lobos pueden estar siendo objeto de una severa persecución ilegal en los terrenos de las fincas privadas donde la caza mayor constituye el principal recurso económico. Pero, además, piensan que el aislamiento genético y la endogamia pueden estar también frenando su recuperación.

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