Esta sentencia sienta precedente, ya que es la primera que prospera con estos argumentos
El delegado territorial del Gobierno de Aragón, Álvaro Calvo, informó ayer de que recientemente se ha conocido la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que confirma la sanción que el Gobierno de Aragón impuso a la ganadería de González Sánchez-Dalp por la sospecha de alteración de las astas de uno de los toros que se lidiaron en la feria taurina de hace dos años. Tras esta decisión, Calvo insistió en la necesidad de respetar y dignificar esta fiesta.
HUESCA.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca ha ratificado la sanción de 8.000 euros que el Gobierno de Aragón, responsable de los festejos taurinos, impuso a la ganadería de González Sánchez-Dalp por el afeitado de las astas a un toro lidiado en la feria taurina oscense el 11 de agosto de 2006 por el diestro Francisco Rivera Ordóñez. Esta decisión judicial la comunicó ayer el delegado territorial del GA en Huesca, Álvaro Calvo, que estuvo acompañado por el presidente de la plaza, Antonio Riva, y el instructor de este expediente, el abogado Luis Pueyo.
Se trata de la primera ocasión en que uno de los expedientes que se levanta en el coso taurino oscense prospera en altas instancias. Esta sentencia, afirmó Calvo, `va a sentar precedente` para que no suelen ganarse por estas causas. `La hemos ganado, porque el hecho era cierto, por la responsabilidad de nuestros veterinarios y presidente y porque la instrucción que se ha hecho ha sido severísima`, afirmó. Ante esta sanción, en la mayoría de los casos, los ganaderos alegan defectos de forma en los pitones cuando impugnan la decisión, producidos durante la custodia de las astas desde la plaza hasta al laboratorio y aluden a la posibilidad de manipulación.
Con los sucesivos informes que se presentaron del expediente en el trámite de instrucción, explicó Pueyo, se trató de `casar un puzzle` para que `no cupiese ninguna sospecha` de que el toro hubiese sido modificado artificialmente en la misma plaza ni por otras personas no relacionadas con el ganadero. El empresario de la misma demostró que el `afeitado` no se efectuó en toriles al no disponer el coso de `muecos`, los artilugios con los que se realiza esta labor, ni de lugares habilitados para hacerlo. Ante estas pruebas, el juzgado entendió que había `pruebas suficientes` para mantener la imputación de la administración.
Tras esa feria, se remitieron seis astas de toro por sospechas de `afeitado`. Pero de ellas, sólo pudieron dictarse resoluciones de dos. El segundo expediente que se tramitó correspondía a la ganadería de María José Barral, con sanción de 4.575 euros. En este caso, el toro, llamado Gardenia, que fue lidiado el 10 de agosto por El Juli, ya fue declarado bajo sospecha de manipulación en los dos reconocimientos previos a la corrida y salió a la plaza bajo la responsabilidad del ganadero. En este caso, el responsable no impuso recurso contencioso administrativo.
El expediente se abre por decisión del presidente de la plaza después de conocer el análisis del equipo veterinario y los indicios de `afeitado`. Posteriormente, las astas se remiten debidamente precintadas a un laboratorio especializado, en este caso el Laboratorio Policial de Canillas (Madrid), experto en el análisis de astas bajo sospecha de manipulación artificial. A partir de este informe, la Delegación Territorial impone la correspondiente multa.
Con esta decisión, la Delegación Territorial confía en que se haya `dignificado la fiesta entre todos. Vamos a intentar que las corridas tengan el prestigio que se merecen`, dijo Calvo, quien comentó que sería necesaria una reglamentación en nuestro país para el amparo de esta clase de expedientes sancionadores.
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