Que el Gobierno del PP está estafando a todo el
mundo es ya una obviedad. Que está estafando a sus votantes y a todos
los ciudadanos del Estado español. Que no solo no cumple con su programa
electoral sino que hace exactamente lo contrario de lo que en él
anunció. Que no solo no cumple con la palabra de sus líderes sino que
inventa un nuevo idioma para incumplirla: los recortes son reformas; la
recesión, tasa negativa de crecimiento económico; la subida de impuestos
es un recargo temporal de solidaridad; la amnistía fiscal, recuperación
de activos ocultos; abaratar el despido es flexibilizar el mercado
laboral; congelar los salarios, mejorar la competitividad; al empleo
precario lo llaman minijobs; al copago, ticket moderador; la
privatización de la Sanidad es una colaboración público-privada; la
gestión privada de una empresa pública, optimizar costes. Por no entrar
en sus explicaciones cuando los encuentran, y es un día tras otro, con
las manos en la masa del botín: estafan robando como vulgares ladrones y
estafan justificando como burdos mentirosos.
En su
afán estafador, este Gobierno no deja títere con cabeza. Nadie se salva
de su avaricia: estafan a los ciudadanos, estafan a sus votantes y
estafan a sus afines. Por sorprendente que pueda parecer, su gestión de
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) taurina, presentada al Congreso
de los Diputados con el aval de 500.000 firmas y cuya pretensión es
declarar la “fiesta” de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC),
tiene todos los visos de ser una estafa más, otra de las suyas. Dejando
aparte la cuestión ética esencial sobre la tauromaquia (que se refiere
al maltrato a los animales y al fomento de una cultura de la violencia),
el proceso que está siguiendo esa ILP despierta muchas sospechas.
El pasado 12 de febrero, la ILP taurina (que coincidió con la ILP sobre
la dación en pago) se aprobó a trámite en el Pleno del Congreso, que
abrió hasta el 12 de marzo el plazo para la presentación de enmiendas
previas a su paso a la Comisión de Cultura. La Comisión Promotora de la
ILP lanzó un comunicado de prensa cuyo titular no dejaba dudas sobre la
que era su reivindicación principal: “Los toros volverían a Cataluña
para La Merced”. Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de
Cultura y taurómaco empedernido, les hizo un desafinado coro: “En
septiembre volverán los toros a Cataluña”. Pero desde entonces hasta
ahora ese plazo de enmiendas se ha ampliado hasta en 12 ocasiones,
dejando atascada la tramitación de la ILP en la Mesa del Congreso. El
texto aún no ha llegado a la Comisión de Cultura, donde debe ser votado y
al que se añadirían las modificaciones y sugerencias de los grupos
parlamentarios.
¿Por qué tanto retraso? Porque tanto
la Comisión Promotora de la ILP taurina como el presidente de la
Comisión de Cultura del Congreso obviaban algo fundamental, como es el
hecho de que las competencias sobre materia taurina estén transferidas a
las Comunidades Autónomas, toda vez que de ellas dependen la protección
animal y los espectáculos públicos, y si bien lo relativo a cultura es
compartido con el Estado. Por lo que la ILP podría impulsar una ley que
blindase las corridas de toros declarándolas BIC (declaración que, por
cierto, también es competencia autonómica, aunque supervisada por el
Ministerio de Cultura) pero no podría en ningún caso suponer la
revocación de la prohibición que en Cataluña aprobó el Parlament en
2010. A los de la Comisión Promotora taurina les pudo el entusiasmo,
dada la afinidad del Gobierno con sus actividades, la pasión canora de
Albendea y el explícito apoyo del propio ministro Wert, que después ha
tenido que recular y decir lo que ya se sabía, es decir, que estamos
ante un asunto competencial y que esa prohibición solo podrá revocarla
el Tribunal Constitucional, ante el que fue recurrida por el PP. No
obstante, para mantener tranquilos a sus amigos taurinos, el ya siempre
enmarañado Wert añadió: “Algo va a salir adelante”. Algo.
Pero los taurinos no están tranquilos. No pueden estarlo porque, muy
probablemente, también ellos hayan sido estafados por un Gobierno que se
ha debido de dar cuenta de que se les ha llenado la boca de oles pero
se les podían echar encima los jueces. Así que los taurinos se han
tenido que sentar a negociar. Para empezar, de revocación de la
prohibición en Cataluña, nada. Pero si esa era la principal
reivindicación del texto que acompañaba las 500.000 firmas, ¿sigue
siendo una Iniciativa Legislativa Popular una vez modificado el texto
por el Ministerio? ¿Si el texto que acompaña a la ILP ya no es el
redactado por la Comisión Promotora, la iniciativa sigue siendo popular o
ya solo es Popular (del PP)? ¿Por qué acepta dicha Comisión la renuncia
a su principal reivindicación? ¿Por qué no protesta e, incluso, llega a
retirar una ILP que no es la que presentaron ante el Congreso (como
quiso Ada Colau al ser desvirtuada la ILP de la PAH)? ¿O es que estaba
amañada esta componenda entre los promotores taurinos de la ILP y el PP?
¿Eso no sería también una estafa a los 500.000 firmantes del texto? Lo
sería.
En definitiva, o el PP ha estafado a los
promotores de la ILP taurina o ambos, promotores y PP, han estafado a
500.000 ciudadanos y han traicionado el espíritu mismo de una ILP, que
es su carácter popular y su naturaleza de herramienta máxima de la
democracia. Personalmente, no me extraña ni una cosa ni la otra. Puede
ser una estafa más del PP, esta vez contra sus afines. Pero si es una
estafa premeditada con los taurinos, la Comisión Promotora debe
responder ante sus firmantes y ante unos medios de comunicación que, por
cierto, aún no han preguntado a los promotores, precisamente, por este
punto fundamental.
Lo único que queda claro es que
detrás de la presentación de la ILP taurina solo hay intereses
económicos de los sectores implicados, principalmente empresarios
taurinos y ganaderos (de entre los que hay muchos familiares de
políticos del PP). A través de un exhaustivo informe, la Fundación Franz
Weber ya advirtió de su trasfondo económico cuando se presentó la ILP
al Congreso. Y su Director para España y Latinoamérica, Leonardo
Anselmi, quien impulsó la Plataforma PROU! que promovió la prohibición
en Cataluña, instó en un debate en TV1 a Alejandro Gasch, abogado de la
Comisión Promotora taurina, a agregar un artículo en la ley que
promueven que prohibiera el uso de dinero público para la tauromaquia.
Solo eso le propuso Anselmi: que no se destinara dinero público. Gasch
no aceptó esa posibilidad. Y tartamudeó.
Si prospera
la ILP taurina ya no será la que presentaron sus promotores. Ya no será
una iniciativa popular. Apenas se parecerá a la que promovieron. Excepto
en un aspecto, el esencial: seguirá siendo la exaltación, la
protección, la defensa y la financiación pública del maltrato a los
animales y de la cultura de la violencia.
