El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha
citado a declarar al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos
Fabra y al exvicepresidente primero y diputado provincial Francisco
Martínez como imputados en una causa abierta en relación con la corrida
de toros de la Beneficencia.
Según han explicado a
Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, las declaraciones de ambos se producirán en marzo.
Los hechos se remontan a cuando Carlos Fabra ejercía como presidente de
la Diputación de Castellón y Martínez, recientemente destituido de su
cargo por "pérdida de confianza" por parte del actual presidente de la
institución, Javier Moliner, era vicepresidente y persona de confianza
de Fabra.
La corrida de la Beneficencia era una
celebración taurina creada por Fabra y cuyo sistema de recaudación de
entradas generó polémica, ya que éstas se enviaban directamente a los
ayuntamientos y se les descontaba el importe de las mismas del cobro de
tributos.
El
método de cobro fue investigado por la Fiscalía y en junio de 2013 el
TSJCV condenó a la Diputación a abonar al Ayuntamiento de Vila-real los
19.850 euros cobrados mediante compensación por unas entradas que no
llegaron a comprar.
La sentencia observaba además
"indicios" de un "ilícito penal" en la actuación de la corporación
provincial "por malversación de caudales público y/o por prevaricación".
Ante estos indicios, el alto tribunal valenciano remitió esta
resolución a la Fiscalía para que se depuraran "las responsabilidades a
que hubiere lugar".
Ahora, el citado juzgado
vilarrealense ha citado a declarar a Fabra y a Martínez como imputados
en relación a estos hechos, aunque todavía no ha trascendido el o los
delitos a los que se enfrentan.
La denuncia, según
han explicado desde el TSJCV, viene motivada por una querella de la
Fiscalía de Castellón en relación a estos hechos.
Con
esta imputación, Carlos Fabra volverá a la Ciudad de la Justicia de
Castellón de nuevo en calidad de imputado, después del proceso que le
juzgó por delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos fiscales,
el pasado mes de octubre.
Fabra fue finalmente
condenado a cuatro años de prisión y a una multa de cerca de 700.000
euros por cuatro delitos fiscales, y fue absuelto del resto de delitos
de los que se le acusaban.
Martínez, por su parte,
fue destituido la semana pasada en su cargo de vicepresidente primero y
responsable del Área de Infraestructuras de la Diputación después de que
Moliner tuviera conocimiento de que la depuradora de Borriol iba a
construirse en unos terrenos propiedad de una empresa del hijo de
Martínez, de la que éste, además, es poseedor de un tercio de las
participaciones.
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