por Todo Por Hacer
Si lo han hecho con hospitales, centros educativos, transportes,
etc., ¿por qué no con los montes? Castilla La Mancha pretende la
privatización de los montes
Si lo han hecho con hospitales, centros educativos, transportes,
etc., ¿por qué no con los montes? Los presupuestos de la Comunidad de
Castilla La Mancha para 2013 prevén unos ingresos de 45,6 millones de
euros por la venta de fincas públicas, que incluirían no solamente
parcelas y fincas rústicas (con las cuales no sería posible alcanzar esa
cantidad) sino también decenas de miles de hectáreas de montes
catalogados como “de utilidad pública”.
Esta figura de protección fue creada en el siglo XIX precisamente
para proteger los montes de las sucesivas desamortizaciones que habían
sufrido, como la de Mendizábal o la de Madoz, y que habían tenido como
consecuencia la deforestación y degradación de millones de hectáreas de
monte. Por eso, los montes incluidos en esa categoría son legalmente
“inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
¿Cómo alienar lo inalienable?
Sin embargo, a Dolores de Cospedal no se le escapa el negocio que se
puede hacer con tanto terreno (171.228 hectáreas en esa Comunidad), y
por eso encargó a sus Delegaciones de Medio Ambiente un informe para
estudiar la privatización de algunos de esos montes (entre el 20 y el
30%, nada más), que incluyera detalles como “si había alguna
construcción que pudiera servir como chalé o la posibilidad de instalar
un vallado cinegético”.
Y es que la “traba” legal, como no podía ser de otra forma, solo lo
es hasta cierto punto. Aunque la Comunidad no tenga competencias para
cambiar la Ley de Montes (cosa que, por otra parte, el gobierno central
ya está planeando), bien puede desafectar los montes que le interesen y
desprotegerlos aduciendo que han perdido las características naturales
que tenían.
De hecho, este proceso de eliminar trabas y crear las condiciones
propicias para la venta viene de más atrás y ha ido gestándose poco a
poco, con pequeños cambios legales de aquí y de allá que iban en el
mismo sentido. Por ejemplo, hace unos meses la Junta de Castilla La
Mancha retiraba la figura de protección de “refugio de fauna” de tres
montes de utilidad pública de Toledo que, casualmente, ahora están
incluidos en el estudio solicitado por Cospedal.
Se vende coto
¿A quién podrían interesar estos montes que tan poco rentables y
provechosos le resultan a la administración? No es difícil de adivinar a
estas alturas que el sector cinegético tiene todas las papeletas.
Por si no hubiera suficientes cotos de caza ya en los montes (según
Ecologistas en Acción, el 88% de la superficie se dedica a la caza en
Castilla La Mancha), se allana el terreno todavía más para ponérselo en
bandeja, y no solo vendiéndoles el monte, sino desprotegiéndolo cada vez
más. En esta línea, hace solo unos meses Castilla La Mancha presentaba
el borrador de un nuevo Reglamento de Caza para, en la medida de lo
posible (hasta donde les permitía llegar la Ley de Caza de ámbito
nacional), “atender las demandas del sector cinegético”. Entre estas
demandas atendidas están la desprotección del muflón y el arruí (dos
especies de bóvidos), que pasan a ser especies cinegéticas, la
posibilidad de la caza nocturna, y la regulación de la caza de jabalí
con lanza.
Más allá de la aversión y la rabia que nos pueda producir esta
actividad en sí misma, el hecho de que se hagan los/as dueños/as del
monte y tengan en sus manos la capacidad de gestionar a su antojo
ecosistemas enteros y las poblaciones de animales que albergan, nos
parece sencillamente catastrófico.
Por mucho que se declaren cínicamente “defensores del medio
ambiente”, como afirma por doquier en su web la Asociación de
Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del
Medio Ambiente (APROCA, agrupación de empresarios de caza que mueve
miles de euros y a quien más se le debe haber hecho la boca agua con el
anuncio), los intereses de la caza son incompatibles con la conservación
de los ecosistemas en estado natural. El control directo de
depredadores, la contaminación por plomo, los vallados, la alteración de
las poblaciones de presas (tanto por las que se cazan como por las que
se sueltan para luego cazarlas), etc., convierten los montes en parques
de entretenimiento para el disfrute de quienes lo paguen, a costa de las
dinámicas ecológicas, la conservación de especies y la vida de muchos
animales. Por no mencionar la privación a las poblaciones locales de la
posibilidad de aprovechar los recursos del monte (como la recolección de
setas, plantas, etc.) y del disfrute del mismo.
La misma lógica, mismas conclusiones
Lo hemos visto y lo estamos viendo más y más en muchos aspectos de
nuestras vidas, y al igual que la lógica del capital es incompatible con
unos servicios sanitarios de calidad y para todos/as, también lo es con
la conservación del medio ambiente. Si bien los montes en manos
públicas pueden servir igualmente a intereses económicos que primen
sobre la conservación, en manos privadas la balanza termina de
inclinarse del todo sobre ese lado.
Considerar los montes como un mero recurso más, como algo que no debe
existir sin aportar beneficios económicos, no solo implica
consecuencias ecológicas y sociales como las que hemos mencionado, sino
que muestra la demencia de un sistema social que, conociéndolos, decide
ignorar los servicios fundamentales para nuestra propia existencia que
prestan estos espacios, como son el mantenimiento de la calidad del
agua, el aire y el suelo, el control de la erosión, etc.
Para terminar, nos gustaría invitar a la reflexión sobre los límites
que puede tener el más que habitual recurso a la legislación, a pedir
regulaciones, protección legal, etc. como forma de evitar la destrucción
de estos espacios (y en muchos otros ámbitos que nos afectan). En lo
ambiental como en lo demás, las leyes, por muy bonitas que puedan llegar
a quedar sobre el papel, nunca van a dejar de responder a los intereses
de quien gobierne y de quien tenga el dinero para pagar su influencia
en ese gobierno. En este caso han sido las empresas cinegéticas, en
otros pueden ser las ganaderas, energéticas, inmobiliarias… Reclamar
reformas legales que luego serán ignoradas en la práctica o que se
modificarán cuando les convenga, puede suponer malgastar nuestras
fuerzas inútilmente en vez de emplearlas para explorar otras formas de
lucha que apunten y perjudiquen directamente a quienes pretenden
negociar con los montes, con la fauna, o con lo que se les ponga por
delante.
Extraído del nº 26 de la publicación anarquista Todo por Hacer
www.todoporhacer.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario