Denuncian al alcalde de Almoguera por prohibir grabar los encierros
Foto de archivo de la persecución del toro en Galápagos. LUIS LLORCA
El Pacma ha presentado en los juzgados de Guadalajara una querella contra el alcalde de Almoguera, Luis Padrino, por aprobar una ordenanza que prohíbe grabar o fotografiar los encierros que se celebran en la localidad alcarreña a mediados de septiembre.
En realidad, la norma incluye una excepción que permite poder registrarlos en vídeo, previo pago, eso sí, de 200.000 prohibitivos euros. "Podría constituir un delito de prevaricación, puesto que no se publicó la ordenanza hasta más de seis meses después de ser aprobada, justo un mes antes de los encierros", explica Silvia Barquero, portavoz del Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal. "Parece que la intención del alcalde es vedar la difusión de unos encierros que vienen siendo denunciados desde hace dos años por los defensores de los animales".
La formación animalista considera que, de acuerdo a la Ley, difundir fotos y vídeos de los encierros no vulnera el derecho al honor y a la intimidad de las personas que pudiesen aparecer en ellos, ya que su presencia es "meramente accesoria".
De lo que se trata, pues, sería de reflejar el acoso al que es sometido un toro a campo abierto desde todo tipo de vehículos. Y el derecho a comunicar información veraz, entiende el Pacma, también está protegido por la Ley. "Todo este interés en impedir que se den a conocer los encierros se debe al maltrato y salvajismo implícito en la diversión de los pueblos de La Alcarria, donde decenas de vehículos a motor persiguen y acosan a un toro hasta que finalmente es muerto", explica Barquero, que denuncia que los encierros en el campo se realizan en una treintena de municipios de la comarca.
Un rally taurino
"Se han convertido en un rally, donde cientos de coches persiguen a un animal", prosigue la portavoz de los antitaurinos, que considera que "todo se ha desmadrado aprovechando la permisividad de la normativa manchega, que permite que los vehículos sirvan de resguardo para las personas que vayan a pie al encierro". Así, asegura, llegan a concentrarse tractores, motos, quads, camionetas, todoterrenos, camiones, etcétera.
El Pacma estima que la norma que prohíbe grabar y fotografiar los encierros ha sido aprobada para evitar las denuncias por parte de los animalistas. "Este señor la publicó en agosto, antes de su celebración, porque pensó que si era grabado le iban a denunciar; para que no haya pruebas gráficas, razonó, prohibió que se grabe y, así, que se presentase posteriormente una denuncia", concluye Barquero.
Su partido se plantea presentarse en las próximas elecciones municipales en localidades simbólicas como Tordesillas, donde se lleva a cabo el Toro de la Vega. En otras poblaciones con espectáculos donde se maltratan a animales, las candidaturas todavía no están cerradas, aunque existe la posibilidad de concurrir en Amposta, tierra de correbous.
Una ordenanza polémica y enrevesada
El título, por sí mismo, resulta curioso: Ordenanza que regula el cobro de las Grabaciones fotográficas y Cámaras de Videos (las mayúsculas pertenecen al texto original, que puede consultarse en la página 22 del Boletín oficial de la provincia de Guadalajara: ver pdf).
La ordenanza no prohíbe, sino que regula el cobro. Pero la cantidad exigida, 200.000 euros, hace que en la práctica suponga una prohibición. Además, "sólo" tendrá permiso para filmar las personas autorizadas por el ayuntamiento, por lo que se presupone que una organización animalista dispuesta a pagar la desproporcionada cantidad podría recibir una negativa del alcalde. Entonces, según el texto, sólo cabría una última posibilidad para poder presionar el botón rec: una orden judicial.
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