Por fin la Justicia ha reconocido en sentencia firme que la labor
de control, cuidado y alimentación de una colonia de gatos no infringe
ninguna normativa, sino todo lo contrario.
Es la primera sentencia
en España que revoca una sanción administrativa impuesta injustamente a
los ciudadanos por atender y esterilizar a los gatos de la calle.
Arancha Sanz - Abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid
La Junta Municipal del distrito de Salamanca, en Madrid, tramitó tres expedientes sancionadores imponiendo una multa de 900 euros en total a una Comunidad de Vecinos de dicho distrito que mantiene, alimenta y controla a una colonia de gatos que habita en los jardines comunitarios.
Cada vez más ayuntamientos españoles, como los de Alcorcón, Barcelona, Tres Cantos o Valencia, gestionan y fomentan el control de colonias felinas,
que es la única medida eficaz para que los gatos de la calle no
proliferen ni causen molestias a los humanos, tal como se desarrolla
también en otras ciudades europeas, resultando así más avanzadas en el trato ético a los animales.
Sin embargo, los ayuntamientos más retrógrados en materia de protección animal persiguen, criminalizan y sancionan a particulares
(amantes de los animales) que, a su costa y de forma totalmente
altruista, realizan esta labor, que consiste en la captura,
esterilización y control sanitario de los gatos urbanos, dando así
solución a una situación que el propio Ayuntamiento debería gestionar.
La medida del exterminio de los gatos,
que aplican los servicios municipales, además de ser cruel e impropia
de una sociedad civilizada, no soluciona nada, puesto que retirar y
matar a una colonia de felinos no hace sino crear lo que se llama el
efecto vacío en la zona, propiciando que otros gatos repueblen el lugar y
comiencen a reproducirse sin control. La situación se convierte en un
círculo de muerte sin fin.
En la colonia del distrito madrileño de Salamanca, los propios vecinos, con la ayuda de varias protectoras, aplicaron el método CES (capturar-esterilizar-soltar),
quedando la colonia reducida, sana y controlada, tal como se realiza en
numerosas colonias repartidas por el territorio de Madrid. Con esto se
consigue que los gatos no supongan ningún problema, ni existe tampoco
sobrepoblación, siendo perfectamente compatible la convivencia entre
gatos y humanos.
En este caso, el juez ha estimado que " la actuación administración del Ayuntamiento de Madrid no es ajustada a Derecho",
y así lo recoge la sentencia, que en su fallo anula las resoluciones
sancionadoras y deja sin efecto la sanción que se impuso por cuidar y
controlar la colonia de gatos, condenando también al Ayuntamiento de Madrid a la devolución de la multa impuesta y al pago de las costas judiciales.
Se trata de la primera sentencia judicial en toda España
que revoca una sanción administrativa impuesta injustamente a
ciudadanos por atender y esterilizar a gatos callejeros, por lo que su
relevancia trasciende a esta colonia, a sus cuidadores, y a la propia
ciudad de Madrid. Es un importante paso adelante en el reconocimiento de
los derechos de los animales, y de las obligaciones que los humanos
tenemos hacia ellos.
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