El Gobierno quiere convencer a la nueva Comisión Europea de que le permita eliminar la protección a la especie
García
Tejerina pone como excusa los daños a la ganadería, aunque entre 2010 y
2012 las indemnizaciones en Castilla y León sumaron 108.000 euros
Los ecologistas advierten que esta medida puede significar la extinción de la especie en grandes zonas del sur de España.
El Gobierno español aprovecha la renovación de la
Comisión Europea (CE) para relanzar su idea de permitir la caza del lobo
al sur del río Duero. Tras ver rechazado su primer intento en 2012
–necesitaba un sustento científico del que carecía–, el mandato del
nuevo presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, abre una ventana a esta
vieja aspiración. Juncker ha pedido "realizar una profunda evaluación de
la Directiva de Hábitats y valorar el potencial de convertirla en una
ley más moderna". Bruselas ya avisó hace dos años que no se realizaría
una revisión específica para una especie sino que siempre sería dentro
de un proceso general como el ahora anunciado.
Así
que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha dejado
clara la postura del Ejecutivo: "Mantengo el compromiso de mi antecesor
en la lucha contra el lobo". El lobo ibérico ( Canis lupus signatus)
es una especie totalmente protegida en la zona sur por la legislación
española y la directiva europea Habitats. Pero desde que el futuro
comisario europeo, Miguel Arias Cañete, tomó la cartera de Medio
Ambiente (MAGRAMA), España trata de convencer a Bruselas de que elimine
esa protección para poder declararlo pieza de caza. Cañete argumentaba
que el lobo era "una grave amenaza para la ganadería". En febrero de
2012 envió la solicitud. Pera la CE exigió "datos sólidos" para
plantearse el estudio.
El 24 de junio pasado, el
consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio
Silván, le recordó al MAGRAMA el deseo de volver a permitir la caza del
lobo al sur del Duero. El lenguaje oficial dice: "Eliminar los dos
estatus" de la especie. Tejerina ha hecho suya esta política y pretende
convencer a la nueva Comisión Europea que está en formación. Y aunque el
MAGRAMA todavía ultima un censo de ejemplares nacional para finales de
año, anuncia un escrito de petición ante Bruselas. Debe de estar
esperando al cambio de titular ya que un portavoz de la Comisaría de
Medio Ambiente contestó el 12 de septiembre a eldiario.es que el texto
oficial como tal "no ha llegado todavía".
Tejerina y
Cañete han enarbolado la razón del daño al negocio de la ganadería. "No
es un problema económico", cuenta Theo Oberhuber, de Ecologistas en
Acción. "Gracias a la protección, ha habido cierta recolonización y
algunos ganaderos, quizá por comodidad al haberse exterminado
anteriormente, prescinden de prácticas útiles como recoger los rebaños o
usar mastines", explica.
La Junta de Castilla y León inició el pago de indemnizaciones por daños
al ganado en agosto. Tramita los primeros 88 expedientes que sumarán
poco más de 50.000 euros. Además, la Junta ha estado dilatando el abono
de este dinero al estar litigando contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, en esencia, obligaba a un pago más rápido y general. Llevó el caso hasta el Supremo
que el 22 de marzo de 2013 rechazaba los postulados del Gobierno
regional. 16 meses después ha comenzado a indemnizar. Según los datos de
la Dirección General de Medio Natural la cuestión económica tiene esta
dimensión: entre 2010 y 2012 se perdieron 188 cabezas de ganado mayor y
334 de ganado menor que generan indemnizaciones de 108.164 euros, según
recogía una resolución del Procurador del Común castellanoleonés.
Y mientras peleaba en los tribunales y no pagaba, seguía
tramitando su petición para eliminar la protección. Se colocaba al
rebufo de una corriente que hizo que la Diputación de Ávila aprobara el
28 de enero de 2013 una petición para pedir a la Consejería de Medio
Ambiente que declare la provincia " zona libre de lobos"
y que se tomen "las medidas oportunas". Votaron a favor PP y PSOE y se
abstuvieron IU y UPyD. De hecho, la Junta se apuró por preparar un nuevo censo de lobos en la comunidad autónoma para el Ministerio. "Está hecho sobre todo con estimaciones", critica Oberhuber.
Con todo, el documento –finalizado en junio de este año– muesta que la
protección de la especie al sur de la frontera del Duero ha tenido el
efecto esperable en una medida conservacionista: se ha pasado de 17 a 27
manadas. En toda Castilla y León calculan que hay 1.600 ejemplares.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agicultores (ASAJA) celebra que se le
haya hecho caso. "Es incompatible el pastoreo con la presencia de
lobos", postula desde hace tiempo bajo la premisa de que "donde hay lobo
no puede haber ganadería". También cabe contraponer que la propia ASAJA
recibe subvenciones de la Fundación Biodiversidad (dependiente del
MAGRAMA) para el programa "la ganadería extensiva como pieza clave para
la conservación del lobo": 63.000 euros en 2012 y 36.000 euros en 2013,
según las resoluciones de la fundación.
"Permitir la
caza por debajo del río es asegurar la extinción en Andalucía", señala
Theo Oberhuber. Además, el ecologista mantiene que esa práctica "no no
resuelve los problemas con los rebaños". Según su criterio, el abono
rápido de las indemnizaciones y las prácticas ganaderas consecuentes
hacen compatible el pastoreo y el lobo.
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