Torturar a un animal hasta la muerte mientras el público aplaude es algo más que arte, es mucho más que cultura. Es más que “un signo identitario del pueblo español” “sin el cual, sencillamente, no seríamos los mismos”. Es más que “una manifestación artística” “en la que se resaltan valores puramente humanos, como la inteligencia, el valor, la estética o la solidaridad”. Es algo muy superior a todo eso. Para el PP, autor de los entrecomillados, torturar a un toro con ritual y espectadores es un derecho constitucional.
No busquen en la carta magna. Allí no aparecen las corridas taurinas por ningún sitio. Pero nuestra Constitución es así: interpletable y flexible, como el código ético del PP. Por eso hay que entenderla como una declaración de buenas intenciones cuando reza que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna”; pero si explica que “se reconoce la libertad de enseñanza”, en realidad está diciendo que no se prohíban los toros. El PP presentó ayer, ante el Tribunal Constitucional, su recurso contra la abolición de las corridas en Catalunya y en él se defiende que esa ley vulnera 12 artículos de la Constitución: entre ellos, además del derecho a la enseñanza, el derecho a la libre empresa, el derecho a la circulación de mercancías y, por supuesto, el derecho a la libertad de creación artística. A pesar de estos pomposos argumentos, puede que el recurso prospere: ya vimos a parte de este tribunal deliberando sobre el Estatut tras un burladero.
En su texto, el PP tiene razón en una cosa: la flagrante contradicción del Parlament, que prohíbe las corridas y protege otras animaladas, como los toros embolados. Pero el recurso se olvida de otro doble rasero. Catalunya no fue la primera autonomía que abolió la tortura taurina. Antes fue Canarias, con el voto del PP.
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